El primero, defiende los intereses de cientos de ganaderos y agroindustriales que apoyaron, patrocinaron y en connivencia, aceptaron la creación y operación de los grupos paramilitares; grupos esos no creados, como muchos aún piensan, para el desarrollo de actividades contrainsurgentes. Por el contrario, operaban para desplazar campesinos, afros e indígenas y de esta forma incrementar la desigualdad, la pobreza, la concentración de la tierra en pocas manos, desestimular la producción campesina y por ende, afectar la seguridad y la soberanía alimentarias de los colombianos y del propio Estado.
El segundo, histórico defensor de la “causa” paramilitar, viene de tiempo atrás afectando la institucionalidad estatal y hace hoy ingentes esfuerzos por deslegitimar la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde su rol como Procurador no solo desconoce la autoridad del Ejecutivo, sino que incita a que sectores de poder, legal e ilegal, se opongan al cumplimiento de dicha norma. Una clara contradicción que expresa el alto grado de polarización política e ideológica que subsiste en el país alrededor del tema agrario y lo más preocupante, las disímiles y contradictorias ideas que subsisten dentro del Estado, generadas por la decisión del Gobierno de Santos que se atrevió a poner el fin del conflicto armado por la vía de la negociación política, desestimando la lucha antiterrorista planteada entre 2002 y 2010.
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